Bienvenidos. Este sitio es una iniciativa privada dirigida a los alcaldes y funcionarios municipales, a los concejales, personeros y contralores y demás miembros de la comunidad necesitados e interesados en conocer las últimas leyes, decretos, normas, sentencias judiciales y proyectos normativos relacionados con la gestión territorial colombiana, entre otros temas de interés local.

Notas y noticias sobre la administración municipal en Colombia
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Constitución Política de Colombia. Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

EL DNP PUBLICÓ EL RANKING NACIONAL DE MUNICIPIOS MEJOR ADMINISTRADOS - 2013

Como es tradición por esta época del año, el Departamento Nacional de Planeación publicó en su página web el informe sobre los resultados de evaluación del desempeño integral de los municipios para la vigencia 2013, el cual da cuenta del cumplimiento de las Leyes 152 de 1994, 617 de 2000 y 715 de 2001.

Según explica el informe citado:

La evaluación del Desempeño Integral de los municipios se desarrolla con base en el Índice de Desempeño Municipal, el cual resume el desempeño de las administraciones municipales desde una perspectiva integral con base en los resultados obtenidos en los componentes de Eficacia, Eficiencia, Gestión y Cumplimiento de Requisitos Legales.

“Las calificaciones cercanas a 100 corresponden a los municipios de mejor desempeño, por ser los municipios que cumplen lo establecido en sus planes de desarrollo, consiguen la mayor cantidad de bienes y servicios en relación con los insumos que utilizan, cumplen a cabalidad lo estipulado en la Ley 715 de 2001 en cuanto a la ejecución de los recursos del SGP y tienen una alta capacidad de gestión administrativa y fiscal.”

“En general, la medición agrupa en el rango de calificación sobresaliente a un número mayor de municipios, encabezados en su orden por Medellín (Antioquia), Madrid (Cundinamarca), Palmira (Valle del Cauca), Facatativá (Cundinamarca), Pradera (Valle del Cauca), Chía (Cundinamarca), Bello (Antioquia), Zipaquirá y Sibaté (Cundinamarca), Aguazul (Casanare), Ocaña (Norte de Santander), Cachipay (Cundinamarca), Atlántico (Barranquilla), Fusagasugá y Sopó (Cundinamarca), Contratación (Santander) y La Calera, Chocontá, Zipacón y Tibirita (Cundinamarca). Para este grupo de entidades territoriales los componentes más destacados en la valoración fueron los de Gestión y Eficacia, lo cual evidencia señales positivas en los procesos administrativos liderados por las alcaldías y los avances en el Plan de Desarrollo.”

El informe completo puede consultarse en el siguiente enlace:


POR NO TENER CUERPO DE BOMBEROS, CONDENAN A UN MUNICIPIO A INDEMNIZAR A VÍCTIMAS DE UN INCENDIO

Según informa hoy el diario El Meridiano de Córdoba en su sitio e internet, el Juzgado Cuarto Administrativo de Montería condenó al municipio de Valencia, Córdoba, a indemnizar con casi ochocientos millones de pesos a los familiares de dos personas que perdieron la vida como consecuencia de un incendio que se presentó en agosto de 2009.

El Juzgado consideró que, si bien el municipio no provocó el incendio, es responsable administrativamente de indemnizar a las víctimas pues el hecho de no contar con cuerpo de bomberos ni de convenio con los bomberos de otro municipio, no permitió atender adecuadamente la emergencia ni evitar mayores daños y la pérdida de vidas humanas.

Este es un ejemplo más de los múltiples casos que a diario se presentan en Colombia, en donde han resultado y seguirán resultando condenados los municipios por no contar con un cuerpo oficial de bomberos o haber organizado un cuerpo de bomberos voluntarios o, por lo menos, haber suscrito un convenio con los bomberos de algún municipio vecino, en cumplimiento de la obligaciones que impone a los entes territoriales la Ley 1575 de 2012.



SE AGOTA EL PLAZO PARA QUE LOS MUNICIPIOS ACTUALICEN EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI

El pasado 21 de mayo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

La citada norma adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano (MECI), en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5o de la Ley 87 de 1993.

Dicho modelo se implementará a través del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno, el cual hace parte integral del citado decreto y es de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades del Estado.

La máxima autoridad de la entidad u organismo correspondiente y de los jefes de cada dependencia de las entidades y organismos, así como de los demás funcionarios de la respectiva entidad, serán responsables del establecimiento y desarrollo del sistema, correspondiéndole al DAFP poner a disposición los instrumentos necesarios para el cumplimento de esta obligación y a la ESAP, ofrecer programas o estrategias de capacitación, formación y desarrollo de competencias laborales para los jefes de control interno o quien haga sus veces y sus grupos de trabajo en las entidades del Estado, con el fin de fortalecer el ejercicio del Control Interno en el país.

Las entidades creadas dentro del año anterior a la publicación del decreto, deberán implementarlo en cuatro fases, las cuales deberán cumplirse en año y medio, a partir de la expedición del mismo.

Las entidades y organismos que ya cuentan con un modelo implementado, deberán realizar los ajustes necesarios para adaptar en su interior los cambios surtidos en la actualización del MECI, dentro de los siete meses siguientes a la publicación del presente decreto; esto es, a más tardar el 21 de diciembre de 2014.

Para el efecto deberán cumplir las siguientes fases de acuerdo con lo señalado en el Manual Técnico:

Fase 1. Conocimiento (1 mes).

Fase 2. Diagnóstico (1 mes).

Fase 3. Planeación de la actualización (1 mes).

Fase 4. Ejecución y Seguimiento (3 meses).

Fase 5. Cierre (1 mes).

En consecuencia, aquellos municipios que aún no han iniciado la actualización de MECI, deberán elaborar cuanto antes el plan de trabajo para ello, a fin de no incurrir en incumplimiento de esta obligación legal y en posibles faltas disciplinarias.



LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES TENDRÁN DERECHO A PERCIBIR LA PRIMA DE SERVICIOS

El pasado 4 de agosto de 2014, el Gobierno Nacional expidió los decretos 1467Por el cual se regula el pago de la prima de servicios para los empleados públicos de la Gobernación del Departamento de Santander, de las entidades adscritas y vinculadas a la Gobernación y de la Contraloría Departamental de Santander y se dictan disposiciones para su reconocimiento.”; el Decreto 1468 “Por el cual ,se regula el pago de la prima de servicios para los empleados públicos de la Gobernación de Nariño, de las entidades descentralizadas del Departamento de Nariño, de la Contraloría Departamental de Nariño y para los empleados públicos de carácter administrativo de la Asamblea Departamental, y se dictan disposiciones para su reconocimiento.”; y el Decreto 1469Por el cual se regula el pago de la prima de servicios para los empleados públicos de la Alcaldía de Medellín, de las entidades descentralizadas del Municipio de Medellín, de la Personería Municipal, de la Contraloría Municipal de Medellín y para los empleados públicos de carácter administrativo del Concejo Municipal y se dictan disposiciones para su reconocimiento.”

Los tres decretos citados tienen como considerandos comunes, entre otros, los siguientes:

Que mediante el Decreto 1919 de 2002 se extendió el régimen prestacional de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional" a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden territorial, con las excepciones previstas en el citado decreto.

Que los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, perciben la prima de servicios en los términos señalados en el Decreto Ley 1042 de 1978 y en las normas que lo modifican y adicionan.

Que el Decreto Ley 1042 de 1978, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 y en la sentencia C-402 de 2013 es aplicable únicamente a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

Que los Gobernadores de Santander y Nariño y el Alcalde de Medellín, mediante comunicaciones radicadas en el Departamento Administrativo de la Función Pública, solicitan al Gobierno Nacional la creación de la prima de servicios para los empleados públicos de los respectivos Departamentos y de la Alcaldía de Medellín, así como de sus entidades descentralizadas, entre otras entidades de los correspondientes órdenes.

Que para la fijación del régimen salarial el Gobierno Nacional debe respetar los principios señalados en la Ley 4 de 1992, la cual consagra que todo régimen salarial debe sujetarse al marco general de la política macroeconómica y fiscal, la racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad.

Que los Gobernadores y el Alcalde en las citadas comunicaciones, manifestaron que las entidades y sus adscritas y vinculadas cuentan con el presupuesto para su reconocimiento.

En consecuencia, en los tres casos, se decretó que a partir de la vigencia de los correspondientes decretos, los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las citadas entidades territoriales, a las entidades descentralizadas que hacen parte del respectivo presupuesto, así como al personal de la Personería y al administrativo de las Asambleas Departamentales y del Concejo Municipal, entre otros, tendrán derecho a percibir la prima de servicios de que trata el Decreto Ley 1042 de 1978, en los mismos términos y condiciones allí señalados y en las normas que lo modifican y adicionan.

Igualmente, se señalaron los empleados que no tienen derecho a gozar de la prima de servicios y los factores salariales para su liquidación, entre otros aspectos.

De esta manera quedó abierta la posibilidad para que los demás gobernadores y alcaldes del país presente solicitud similar ante el DAFP con miras a lograr el reconocimiento de la prima de servicios para sus respectivos empleados públicos, siempre que cuenten con la disponibilidad presupuestal para ello.

Esta determinación es bienvenida ya que corrige una desigualdad discriminatoria que permitía que mientras los funcionarios del orden nacional gozaran de esta prima, los empleados públicos del orden territorial no pudieran disfrutarla.

Sin embargo, no se entiende por qué el Gobierno expidió normas que sólo benefician a tres entidades territoriales en particular en lugar de haber expedido una reglamentación de carácter general para todo el país que creara la prima de servicios para todos los empleados de este orden, fijando las condiciones para su reconocimiento y demás aspectos a cumplir por parte de los departamentos y municipios, garantizando así el principio de igualdad; toda vez que, a partir de los decretos reseñados, los funcionarios de estas tres entidades territoriales gozarán de un derecho que aún no le ha sido reconocido a los demás, lo cual es, a todas luces, violatorio de la Constitución Política.


Constitución Política de Colombia. Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.