Bienvenidos. Este sitio es una iniciativa privada dirigida a los alcaldes y funcionarios municipales, a los concejales, personeros, contralores y demás miembros de la comunidad necesitados e interesados en conocer las últimas leyes, decretos, normas, sentencias judiciales y proyectos normativos relacionados con la gestión territorial colombiana, entre otros temas de interés local.

Notas y noticias sobre la administración municipal en Colombia
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Constitución Política de Colombia. Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

EL PRÓXIMO 6 DE MARZO ENTRA EN VIGENCIA PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, la misma rige a los seis (6) meses de la fecha de su promulgación para todos los sujetos obligados del orden nacional; en tanto que para los entes territoriales la ley entrará en vigencia un año después de su promulgación.

Teniendo en cuenta que la citada Ley fue promulgada el 6 de marzo de 2014, la misma entrará en vigencia para las entidades territoriales (departamentos y municipios) el próximo mes.

Este hecho supone la aplicación inmediata para todos los municipios del país de los principios y procedimientos allí reglamentados en relación con el derecho fundamental de acceso a la información pública que reposa en manos de todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital; en los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control; así como también en poder de las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público.

También supone que, a partir del 6 de marzo de 2015 empezará a correr el término de seis meses, que vencerán el 6 de agosto de 2015, para la adopción de los esquemas de publicación de que trata el artículo 12 de la Ley que comentamos; así como para adoptar el Programa de Gestión Documental establecido en el artículo 15 ejusdem.

El esquema deberá ser difundido a través del sitio Web de cada entidad obligada, y en su defecto, en los dispositivos de divulgación existentes en su dependencia, incluyendo boletines, gacetas y carteleras.

Dicho esquema deberá establecer:

a) Las clases de información que el sujeto obligado publicará de manera proactiva y que en todo caso deberá comprender la información mínima obligatoria;
b) La manera en la cual publicará dicha información;
c) Otras recomendaciones adicionales que establezca el Ministerio Público;
d) Los cuadros de clasificación documental que faciliten la consulta de los documentos públicos que se conservan en los archivos del respectivo sujeto obligado, de acuerdo con la reglamentación establecida por el Archivo General de la Nación;
e) La periodicidad de la divulgación, acorde a los principios administrativos de la función pública.

Todo sujeto obligado deberá publicar información de conformidad con su esquema de publicación.

Por su parte, en el Programa de Gestión Documental se establecerán los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos. Este Programa deberá integrarse con las funciones administrativas del sujeto obligado. Deberán observarse los lineamientos y recomendaciones que el Archivo General de la Nación y demás entidades competentes expidan en la materia.

Para la producción de los anteriores documentos y para el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, se deberá tener en cuenta lo reglamentado mediante el Decreto 103 del pasado 20 de enero de 2015, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones".

Igualmente, para la implementación de las obligaciones establecidas en estas normas, deberá tenerse en cuenta el contenido de la sentencia C-274 de 2013 por medio de la cual la Corte Constitucional realizó la Revisión constitucional de los proyectos de ley respectivos, por medio de la cual fueron declarados inexequibles algunos artículos y condicionalmente exequibles otros.

Es importante recordar a los concejos municipales, personeros y contralores que las anteriores obligaciones deberán ser cumplidas por éstos de forma independiente a las medidas tomadas por las respectivas alcaldías, como quiera que tales obligaciones recaen en los sujetos que forman parte tanto de la administración central, de las entidades descentralizados, de los entes de control y de los organismos independientes o autónomos existentes en cada municipio.

Ley 1712 de 2014 (junto con la sentencia C-274 de 2013)


EL 28 DE FEBRERO VENCE EL PLAZO PARA PRESENTAR ANTE EL DAFP EL INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El pasado 19 de enero, el Departamento Administrativo de la Función Pública publicó en su página web la Circular 100-01-2015, en la cual informa que hasta el 28 de febrero estará disponible el aplicativo del MECI a través del cual se deberán diligenciar las encuestas para presentar el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno y Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad.

Este informe, que deberá ser diligenciado por todas las entidades del Estado, incluidas las territoriales, servirá de base para la elaboración del informe sobre el Sistema de Control Interno del Estado que debe presentar el Presidente de la República al Congreso al inicio de cada legislatura.

Los responsables de su diligenciamiento son los Jefes de Control Interno o quienes hagan sus veces y debe ser remitido por el representante legal de cada entidad u organismo a la Función Pública.

Igualmente, aquellos municipios que por medio de Acuerdo Municipal hayan adoptado la obligación de implementar el Sistema de Gestión de Calidad, deberán realizar la evaluación de este sistema a través del Formulario Único de Avances a la Gestión FURAG.

De otro lado, la circular señala que las condiciones para rendir el informe de Control Interno Contable, serán establecidas por la Contaduría General de la Nación, lineamientos que podrán ser consultados a través de la página web de esa entidad.

El DAFP, informa que “Para mayor información los interesados pueden comunicarse al correo soportemeci@funcionpublica.gov.co o a las líneas telefónicas 3360686 – 2437105 de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites, donde se atenderán las diferentes inquietudes sobre este tema.”



PERFIL DEL AUTOR DE "PODER MUNICIPAL"

Para conocimiento de nuestros lectores y de quienes pudieran estar interesados en la contratación de nuestros servicios profesionales, publicamos en el siguiente enlace la hoja de vida del abogado Miguel Antonio Peña Peña, autor y administrador de este sitio web www.podermunicipal.com.co






COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PUBLICÓ GUÍA SOBRE LAS GARANTÍAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

El pasado 15 de diciembre, la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, publicó en su página web la “Guía de garantías en Procesos de Contratación”.

El objetivo de la Guía es definir lineamientos y orientar a las Entidades Estatales en las características de cada una de las clases de garantía previstas en las normas de contratación, sus diferencias y los aspectos a considerar en los Procesos de Contratación sujetos al Decreto 1510 de 2013.

La publicación de la Guía, parte de la base de que uno de los objetivos del sistema de compras y contratación pública es el manejo del Riesgo; por lo que el artículo 17 del Decreto 1510 de 2013 dispone que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, reconociendo que las garantías son instrumentos de cobertura de algunos riesgos comunes en procesos de contratación.

En la Guía se resuelven temas como los aspectos generales de las garantías en contratación pública; los tipos de garantías y cobertura; qué contratos estatales deben estar cubiertos por una garantía; cuáles riesgos se deben cubrir mediante garantías en los Procesos de Contratación; cómo se hacen efectivas las garantías, entre otros.

Se hace énfasis especial en el contrato de seguro; las partes y beneficiario; las características del contrato de seguro en Procesos de Contratación; las condiciones generales del contrato de seguro; la prescripción del contrato de seguro; la responsabilidad civil extracontractual; las condiciones de la póliza de responsabilidad civil extracontractual; el patrimonio autónomo; el contrato de fiducia mercantil en garantía; las condición que deben tener los bienes o derechos que se transfieran al patrimonio autónomo que sirve de garantía; los fondos de inversión colectiva; así como las garantías bancarias y cartas de crédito stand by.

Esta publicación representa un aporte más de Colombia Compra Eficiente con miras a optimizar los procesos contractuales y garantizar la preservación de los recursos públicos.


Constitución Política de Colombia. Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.