Bienvenidos. Este sitio es una iniciativa privada dirigida a los alcaldes y funcionarios municipales, a los concejales, personeros, contralores y demás miembros de la comunidad necesitados e interesados en conocer las últimas leyes, decretos, normas, sentencias judiciales y proyectos normativos relacionados con la gestión territorial colombiana, entre otros temas de interés local.

Lo que debe saber sobre el proceso de paz

Constitución Política de Colombia. Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

martes, 26 de julio de 2016

El Gobierno Nacional reglamentó el derecho de petición verbal

A través del Ministerio de Justicia y del Derecho, el pasado 10 de julio se expidió el Decreto 1166 de 2016, "Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente".

Esta nueva norma regula la presentación, radicación y constancia de todas aquellas peticiones presentadas verbalmente en forma presencial, por vía telefónica, por medios electrónicos o tecnológicos o a través de cualquier otro medio idóneo para la comunicación o transferencia de la voz.

Ordena, entre otros aspectos, centralizar en una sola oficina o dependencia la recepción de todas las peticiones que se formules verbalmente, de manera presencial o no, en la cual se deberá dejar constancia y radicación de dichas peticiones, asignando un número de radicado, la fecha y hora de recibo, los nombres del peticionario, documentos de identidad y dirección física o electrónica de notificaciones.

Así mismo, el objeto de la petición, las razones en que se fundamenta –sin que la ausencia de éste último requisito impida su radicación-, documentos que se anexan, la identificación del funcionario responsable de la recepción y radicación y la constancia explicita de que la petición se formuló verbalmente.

Los términos para responder serán los mismos establecidos para los demás derechos de petición en la ley; pero cuando la respuesta sea igualmente verbal, así se indicará expresamente en la constancia de radicación.

Todas las autoridades deberán expedir un reglamento interno que regule el trámite de las peticiones verbales, el cual divulgarán en lugar visible de acceso al público, en su sede electrónica, carteleras oficiales y demás órganos de información.

Finalmente, a más tardar el 30 de enero de 2017, las autoridades implementarán o adecuarán los mecanismos e instrumentos internos que permitan el cumplimiento de las disposiciones señaladas en este Decreto.



jueves, 21 de julio de 2016

Alcaldes de Cundinamarca a concursar por recursos departamentales para financiar sus proyectos.

Por considerarlo de gran importancia, reproducimos acá el comunicado publicado en la página web de la Gobernación de Cundinamarca, si bien esta información interesa directa y únicamente a los municipios de este Departamento.

El texto del comunicado es el siguiente:

“Todos los alcaldes cundinamarqueses pueden concursar por recursos del Presupuesto departamental

Gobierno departamental informa que los proyectos que hacen parte de sus nuevos planes municipales de desarrollo, deben formularse vía web.

(Bogotá, D.C., 20 de julio de 2016) La Gobernación de Cundinamarca, a través de la secretaría de Planeación, informa a todas las administraciones municipales, que se encuentran en proceso de formulación y registro de los proyectos requeridos para la ejecución de sus nuevos planes de desarrollo, que los proyectos que van a concursar por recursos del Presupuesto General del Departamento, deben formularse en la MGA-web.

En ese sentido, la secretaría de Planeación departamental les comunica a los funcionarios municipales que estén formulando los proyectos, que estos deben registrarse en la página https://mga-temp.dnp.gov.co (página de prueba), como formuladores ciudadanos en el link “Registro de usuario”, colocando número de cédula, datos personales y generando una contraseña. Esto, mientras el Departamento Nacional de Planeación (DNP) publica la MGA web definitiva en agosto próximo y genera los permisos que tendrá cada departamento y municipio del país para diligenciar oficialmente sus proyectos.

Vale la pena aclarar que en días pasados se presentaron algunos inconvenientes debido a que los servidores para el manejo de la plataforma se encuentran en pruebas de ajuste en la carga de la capacidad de los usuarios, situación que se encuentra superada.

Para resolver cualquier aclaración o duda en relación con esta información, la Gobernación  invita a los interesados para que se acerquen al Banco Departamental de Programas y Proyectos, ubicado en la Torre Central, piso 5, ala occidental, o comunicarse a través de las direcciones electrónicas: gilberto.rodriguez@cundinamarca.gov.co; blanca.pardo@cundinamarca.gov.co; laura.gonzalez@cundinamarca.gov.co; y oscar.botello@cundinamarca.gov.co o a través  de las líneas telefónicas 7491660  y 7445558.”

Información tomada de: www.cundinamarca.gov.co


jueves, 9 de junio de 2016

La Corte declaró inconstitucional la nueva contribución del alumbrado público

Según se informa en el comunicado No. 22 del pasado 25 de mayo, mediante la sentencia C-272 de 2016, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 191 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 de 2015), el cual creaba una nueva contribución especial para financiar el servicio de alumbrado público por parte de los municipios.

Lo anterior a pesar que, como lo informamos nosotros, el pasado 31 de marzo mediante la sentencia C-155 de 2016, había declarado exequible el mismo artículo. Sin embargo, en aquella ocasión la Corte se limitó a estudiar si el Congreso había violado la autonomía territorial al determinar la destinación específica de la nueva contribución para el financiamiento del servicio de alumbrado público.


En esta nueva oportunidad, si bien la demanda no atacaba en su integridad al artículo 191 del Plan de Desarrollo, sino varios fragmentos, la Corte consideró que dichos apartes impactaban la totalidad del mismo por lo que declaró su inexigibilidad completa.

La Corte “… encontró que el legislador infringió la cláusula de Estado social, en especial los artículos 365 y 1º, así como el artículo 338 de la Constitución. Desconoció que, de acuerdo al tenor literal del artículo 365 C. P., los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que en este reside la obligación de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Así mismo, menoscabó el principio de la prevalencia del interés general, al someter a indicadores de rentabilidad y viabilidad financiera, ligados a supuestos beneficiarios individuales del servicio, la continuidad de un servicio que beneficia a toda la colectividad (art. 1º ídem). Y, por último, lesionó el artículo 338 C. P., puesto que el Constituyente solo permite a la ley establecer la modalidad de las contribuciones para obtener compensaciones por beneficios particulares recibidos, los cuales no se perciben a través del servicio de alumbrado público.”

Con la anterior decisión, aclara la Sala, no se presenta vacío normativo toda vez que recobran plena vigencia las normas anteriores, es decir aquellas que rigen el impuesto de alumbrado público, como el numeral 1º, literal a, de la Ley 84 de 1915, en concordancia con el artículo 1º, literal d, de la Ley 97 de 1913 y todas las normas que las modificaran y complementaran; así mismo, quedan en firme los acuerdos municipales a través de los cuales los concejos reglamentaron dicho impuesto. Igualmente, aquellos municipios que aún no cobran a su comunidad por el servicio de alumbrado público, sí así lo proyectan reglamentar, deberán hacerlo creando el impuesto como se ha hecho hasta ahora y no a través de la contribución que ahora se declaró inconstitucional.



jueves, 19 de mayo de 2016

Los servicios de las notarías están gravados con el impuesto de industria y comercio – Consejo de Estado

Así lo determinó la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado al fallar una demanda de nulidad interpuesta contra un acuerdo municipal expedido por el concejo de Santa Marta el cual grava con el impuesto de industria y comercio los servicios de “Protocolización, autenticación de documentos y demás actividades realizadas por las notarías

Para el Consejo de Estado “… el servicio notarial, tal como se precisó anteriormente, es función pública y servicio público, gravado con el impuesto de industria y comercio, pues en calidad de servicio, corresponde a una actividad análoga a las previstas en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983.”

Igualmente, la Corporación considero que “… los concejos municipales pueden especificar otros servicios análogos a los previstos en la Ley 14 de 1983. Pero, si los concejos municipales copian en los acuerdos municipales la definición de servicios que trae esa ley, e incluyen el vocablo “análogos”, las autoridades tributarias pueden aplicar la ley y el acuerdo en los casos particulares y concretos en los que adviertan que hay “servicios análogos”, o mejor, que guardan similitud o semejanza con los previstos en la norma nacional y en la territorial. Si la similitud o semejanza está probada, la autoridad tributaria habrá actuado en derecho y los actos administrativos mantendrán la presunción de legalidad. A contrario sensu, si no está probada la similitud o semejanza, estará probada la arbitrariedad y, por tanto, habrá lugar a declarar la nulidad de los actos demandados.”



Constitución Política de Colombia. Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.