Bienvenidos. Este sitio es una iniciativa privada dirigida a los alcaldes y funcionarios municipales, a los concejales, personeros, contralores y demás miembros de la comunidad necesitados e interesados en conocer las últimas leyes, decretos, normas, sentencias judiciales y proyectos normativos relacionados con la gestión territorial colombiana, entre otros temas de interés local.

Constitución Política de Colombia. Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

jueves, 20 de agosto de 2015

LECTURAS PARA CANDIDATOS - ELECCIONES REGIONALES 2015

Hace cuatro años, en el marco del proceso electoral que se celebró durante el año 2011 para elegir alcaldes y concejales de los municipios colombianos, publicamos varias entradas en este sitio web dirigidas a los entonces candidatos. 

Por considerar que las mismas siguen siendo totalmente pertinentes para ser consultadas por los actuales candidatos para las elecciones de 2015, presentamos a continuación los enlaces correspondientes esperando, como entonces, que su lectura aporte nuevas herramientas tanto a los aspirantes como a los electores.







Escrito por Miguel Antonio Peña Peña. Abogado especialista en Gobierno Municipal
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sábado, 1 de agosto de 2015

ELECCIÓN DE PERSONEROS MUNICIPALES – LAS TERNAS PARA ELEGIR PERSONERO SON ILEGALES

Con el ánimo de saber cómo están reglamentando los concejos municipales la realización del concurso público de méritos para la elección de los próximos personeros municipales, hemos hecho una búsqueda en Internet donde hemos encontrado los más variados productos.

La mayoría optaron por tomar apartes de la reglamentación establecida mediante el derogado Decreto 2485 de 2014 junto con apartes de la guía para el concurso público y abierto de méritos para elección de personeros municipales publicada por el DAFP.

Otros, a más de lo anterior, establecieron todas bases del concurso, como la forma de evaluar la educación, estableciendo un valor para un pregrado adicional al mínimo, otro valor para los posgrados, otro para los doctorados, etc. Para la experiencia también indicaron valores por número de años laborados, en cargos específicos o relacionados. Reglamentaron la forma de realizar la entrevista, a veces por el operador contratado, otras veces directamente por los mismos concejales y la manera como éstos deberán calificarla, individual o colectivamente.

Todo lo anterior está muy bien. Ya sea que simplemente se establezca la forma de realzar la convocatoria, el valor de las pruebas y la forma de elaborar la lista de elegibles, o definiendo todos los pormenores del concurso. Si bien, consideramos que los pormenores del concurso, como la escogencia de las preguntas, su metodología y demás son aspectos que pueden ser definidos directamente por el operador contratado por cada concejo en particular.

Sin embargo, en algunos municipios hemos encontrado una PERLA particular: Desconociendo lo dispuesto en la Ley 1551 de 2012, lo afirmado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-105 de 2013, lo reglamentado por el derogado Decreto 2485 de 2014, ratificado por el vigente Decreto 1083 de 2015, se inventaron que con quienes ocuparan los primeros tres lugares de la lista de elegibles se conformará una terna de la cual los concejales, durante los 10 primeros días de enero de 2016 o del mes siguiente a la renuncia o falta absoluta del funcionario, elegirán al personero, siendo tal quien obtenga la mayoría de votos.

Como ejemplo citaremos los siguientes casos:


Lo anterior pudo suceder porque, o bien los concejales realizaron una lectura errónea de las normas o, conscientemente, quisieron hacer caso omiso de las mismas para no perder su poder de elegir mediante votos al próximo personero.

Lo cierto es que las normas en que deben basarse los concejos para reglamentar el concurso público de méritos son muy claras al determinar que quien ocupe el primer lugar en la lista de elegibles deberá ser elegido personero; al punto que si éste no acepta o estando ya en ejercicio se produce su falta absoluta se deberá elegir como personero a quien siga en la lista de elegibles.

Para no citar en extenso todas las normas y lo dicho en la sentencia constitucional citada, nos atenemos a lo establecido en los decretos reglamentarios:

Decreto 2485 de 2014 (Derogado), artículo 4. “LISTA DE ELEGIBLES. Con los resultados de las pruebas el concejo municipal o distrital elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles, con la cual se cubrirá la vacante del empleo de personero con la persona que ocupe el primer puesto de la lista.” (n.f.d.t.)

Decreto 1083 de 2015 (vigente), artículo 2.2.27.4 “Lista de elegibles. Con los resultados de las pruebas el concejo municipal o distrital elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles, con la cual se cubrirá la vacante del empleo de personero con la persona que ocupe el primer puesto de la lista.” (n.f.d.t.)

En consecuencia, en aquellos casos en que el concejo al reglamentar el concurso para elegir personero incluya la conformación de una terna, corresponderá a los respectivos alcaldes objetar por ilegalidad el proyecto, devolviéndolo al concejo sin sancionarlo.

Si el concejo niega las objeciones o el alcalde lo sanciona sin objetar, corresponderá a los gobernadores o sus delegados enviarlo al respectivo Tribunal Contencioso Administrativo con las respectivas observaciones.

En el evento en que ninguno de los anteriores trámites se haya realizado y el acuerdo sea sancionado y cobre firmeza, queda la opción de que cualquier ciudadano demande su nulidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

Y, finalmente, habiéndose utilizado irregularmente el sistema de terna para la elección, le queda la opción a quien ocupó el primer lugar de la lista de elegibles y no resultó electo, demandar la nulidad y restablecimiento del derecho que traerá como consecuencia la orden de ser elegido y el pago de la correspondiente indemnización de perjuicios, lo cual afectará las finanzas municipales.

Así mismo, los concejales que así actuaron podrán ser procesados disciplinaria y penalmente por este hecho.

Por ello, desde este espacio llamamos la atención a los concejos que ya incluyeron el tema de la terna en su reglamento, que lo modifiquen ajustándolo a lo ordenado en la Ley, y a aquellos concejos que aún no han reglamentado el concurso, abstenerse de incluir el sistema de terna y disponer que el siguiente personero será quien ocupe el primer lugar en la lista de elegibles.

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jueves, 23 de julio de 2015

25 DE JULIO DE 2015 – VENCE EL PLAZO PARA QUE LOS ALCALDES REGULEN LA PROPAGANDA ELECTORAL EN EL ESPACIO PÚBLICO

La Procuraduría General de la Nación, mediante el boletín No. 723, recordó a todos los alcaldes municipales que el próximo sábado 25 de julio de 2015 vence el plazo para que los alcaldes regulen en sus municipios el uso de espacios públicos para propaganda electoral.

En consecuencia, antes de dicha fecha deberán expedir los decretos que regulen en sus municipios la forma, características, lugares y condiciones para la fijación de carteles, pasacalles, afiches y vallas destinadas a difundir propaganda de los candidatos a las próximas elecciones de mandatarios y corporaciones públicas del orden territorial.

La Procuraduría recuerda que los mandatarios locales tienen el deber de expedir el señalado acto administrativo, garantizando el acceso equitativo de los partidos y movimientos, agrupaciones y candidatos a la utilización de los sitios autorizados para fijar esta clase de propaganda, en armonía con el derecho de la comunidad a disfrutar el uso de los espacios públicos y a la preservación de la estética. En este sentido, los alcaldes pueden limitar el número de vallas, afiches y elementos publicitarios destinados a difundir propaganda electoral.


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miércoles, 15 de julio de 2015

¿EN QUÉ CONSISTE EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES?

El 17 de mayo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 953 de 2013, el cual tiene por tiene por objeto reglamentar el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, con el fin de promover la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales, mediante la adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales.

Esta norma, a más de la práctica de adquirir predios estratégicos para la provisión del recurso hídrico y la forma como debe adelantarse el mantenimiento de los mismos, introduce la figura del pago por servicios ambientales, el cual consiste en un incentivo, en dinero o en especie, que las entidades territoriales podrán reconocer contractualmente a los propietarios y poseedores regulares de predios ubicados en las áreas de importancia estratégica, en forma transitoria, por un uso del suelo que permita la conservación o recu­peración de los ecosistemas naturales y en consecuencia la provisión y/o mejoramiento de los servicios ambientales asociados al recurso hídrico.

Entendiendo por servicios ambientales asociados al recurso hídrico, aquellos servicios derivados de las funciones ecosistémicas que generan beneficios a la comunidad, tales como la regulación hídrica y el control de erosión y sedimentos, que permiten la conservación de los recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales. Para los efectos de esta norma, entiéndase por servicios ambientales como servicios ecosistémicos.

La adquisición de predios por parte de los municipios conlleva la obligación de mantenerlos, protegerlos y garantizar su seguridad, lo cual implica una responsabilidad adicional que las más de las veces no se cumple, dejando a los predios abandonados, seguramente esperando que sea la propia naturaleza por su acción la que los recupere y bajo el peligro de ser invadidos y explotados ilegalmente por terceros.

En ese contexto, resulta muy interesante y con mejores resultados el pago por servicios ambientales, con el cual, sin desplazar a sus propietarios o poseedores regulares, el Estado contribuye a la protección de estos predios, los cuales siguen bajo el cuidado y vigilancia de sus dueños.

Para comprender mejor el esquema de pago por servicios ambientales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha publicado en su canal de YouTube el siguiente video, el cual compartimos con nuestros lectores, en la espera de que sirva como herramienta para la promoción y ejecución de esta estrategia de protección de los predios estratégicos.



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Constitución Política de Colombia. Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.