Bienvenidos. Este sitio es una iniciativa privada dirigida a los alcaldes y funcionarios municipales, a los concejales, personeros, contralores y demás miembros de la comunidad necesitados e interesados en conocer las últimas leyes, decretos, normas, sentencias judiciales y proyectos normativos relacionados con la gestión territorial colombiana, entre otros temas de interés local.

Constitución Política de Colombia. Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

miércoles, 4 de mayo de 2016

LAS AUTORIDADES DEBERÁN REPORTAR INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO AUTORIZADO PARA EL RADIO DE ACCIÓN MUNICIPAL

Supertransporte
Mediante la Circular Externa No. 050 del 29 de abril de 2016, la Superintendencia de Puertos y Transporte ordenó a los alcaldes, secretarios de tránsito, de movilidad o de transporte y demás autoridades competentes para otorgar autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte, reportar, de manera obligatoria, la información del transporte autorizado para el radio de acción municipal.

¿Qué deben reportar?


En consecuencia, las autoridades municipales de transporte deberán reportar la información relacionada con todas las empresas habilitadas en sus respectivos municipios en la modalidades de servició público individual de pasajeros tipo taxi, colectivo o mixto, indicando, entre otros datos, el nombre, tipo de empresa, la modalidad habilitada, representante legal, acto administrativo habilitante, radio de acción, la capacidad trasportadora y el tipo de vehículos vinculados.

¿Cuándo y cómo?


Para cumplir lo anterior, la citada circular distribuye los departamentos del país en diez grupos, fijando las fechas límite en las cuales los correspondientes municipios deberán enviar la información solicitada al correo electrónico municipios@supertransporte.gov.co, pudiendo descargar el formato que habrá de diligenciarse en el sitio:

El incumplimiento en la obligación del reporte de la información solicitada acarreará las sanciones respectivas.

Para conocer las fechas que corresponden a cada municipio, consulte la Circular Externa No. 050 de 2016 de la Superintendencia de Puertos y Transporte.


miércoles, 27 de abril de 2016

EN MATERIA DE USOS DEL SUELO NO EXISTEN DERECHOS ADQUIRIDOS – CORTE CONSTITUCIONAL

usos suelo
Así de determinó la Corte Constitucional mediante la sentencia C-192 de 2016, según lo informa la Corporación en su comunicado No. 15 del pasado 20 de abril, al declarar la inexequibilidad parcial de los artículos 23 y 26 de la Ley 1617 de 2013, que establecían el respeto a derechos adquiridos en materia de usos de suelo, en contravía de lo consagrado en los artículos 1º y 58 de la Constitución Política.

Para la Corte “... las decisiones de carácter general que se adopten por los concejos municipales y distritales al revisar el POT, que impliquen la modificación de usos del suelo prevalecen sobre las licencias que se hayan otorgado con anterioridad, ya que no puede alegarse un derecho adquirido a determinado uso del suelo, en la medida en que el interés particular debe ceder ante intereses de orden general que se buscan en los planes de ordenamiento territorial”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que “… la propiedad tiene una función social y una función ecológica, que justifica las restricciones que puedan imponerse por motivos de interés social y conveniencia pública.”

Al disponer el reconocimiento de derechos adquiridos sobre usos del suelo genera un desequilibrio que afecta el interés común del municipio, que obstaculiza la actividad urbanística y el desarrollo de objetivos del mismo orden, contenidos en los planes de ordenamiento territorial De igual modo, en los procesos sancionatorios y licenciamientos urbanísticos, (...) deben aplicarse de preferencia las regulaciones vigentes en materia de uso del suelo, sin que a ellos pueda oponerse derechos de particulares adquiridos con anterioridad…



miércoles, 6 de abril de 2016

LA CORTE DECLARÓ EXEQUIBLE LA NUEVA CONTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO El 9 de junio vence el plazo para que los municipios sustituyan el impuesto de alumbrado público

Según informa la Corte Constitucional en su comunicado No. 12 del pasado 31 de marzo, esa alta corporación decidió «“Declarar EXEQUIBLES, por el cargo analizado, las expresiones: “Con destinación específica para la financiación de este servicio” y “en todo caso, el recaudo de la contribución de alumbrado se destinará a sufragar el costo de prestación del servicio a partir de la expedición de la presente ley”, contenidas en el inciso segundo del literal f, numeral 4, y en el parágrafo 2º del artículo 191 de la Ley 1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’».

El artículo 191 del Plan Nacional de Desarrollo define el servicio público esencial del alumbrado público, establece sus características y principios, siendo éstos:

a.   El principio de cobertura buscará garantizar una cobertura plena de todas las áreas urbanas de los municipios y distritos, y en centros poblados de las zonas rurales donde técnica y financieramente resulte viable su prestación, en concordancia con la planificación local y con los demás principios enunciados en el presente artículo.
b.   En virtud del principio de calidad el servicio prestado debe cumplir con los requisitos técnicos que se establezcan para él.
c.   Para efectos del presente artículo, el principio de eficiencia energética se define como la relación entre la energía aprovechada y la total utilizada, en cualquier proceso de la cadena energética que busca ser maximizada a través de buenas prácticas de reconversión tecnológica.
d.   El principio de eficiencia económica implica, entre otros aspectos, la correcta asignación y utilización de los recursos de tal forma que se busque la garantía de la prestación del servicio de alumbrado público al menor costo económico y bajo criterios técnicos de calidad.
e.   En virtud del principio de homogeneidad se buscará que la metodología para determinar los costos totales máximos eficientes de prestación del servicio de alumbrado público tengan una misma estructura para todos los municipios y distritos del país, y que los costos resultantes respondan a la realidad de cada municipio o distrito.
f.    En virtud del principio de suficiencia financiera se promoverá que los prestadores del servicio de alumbrado público tengan una recuperación eficiente de los costos y gastos de todas las actividades asociadas a la prestación del servicio y obtener una rentabilidad razonable.

La norma citada dispone que “Los costos y gastos eficientes de todas las actividades asociadas a la prestación del servicio de alumbrado público serán recuperados por el municipio o distrito que tiene a cargo su prestación a través de una contribución especial con destinación específica para la financiación de este servicio. Dichos costos y gastos se determinarán de conformidad con la metodología que para tales efectos establezca el Ministerio de Minas y Energía o la autoridad que delegue.”

Aclara que “Serán sujetos pasivos de la contribución del servicio de alumbrado público quienes realicen consumos de energía eléctrica, bien sea como usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica o como autogeneradores y, en los casos en que no se realicen consumos de energía eléctrica, los propietarios de los predios y demás sujetos pasivos del impuesto predial que se encuentren dentro de la jurisdicción del respectivo municipio o distrito. Lo anterior, teniendo en cuenta los criterios de equidad y progresividad.”

Así mismo, sustituye el anterior impuesto de alumbrado público -creado por el literal d) del artículo 1º de la Ley 97 del 1913- por la nueva contribución especial, la cual tendrá como destino “sufragar el costo de prestación del servicio”; y concede un año, contado a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1753 de 2015 (9 de junio de 2015) para que los municipios que hayan adoptado el impuesto de alumbrado público lo sustituyan por la nueva contribución.

Sin embargo, los municipios o distritos podrán optar por no cobrar por la prestación del servicio de alumbrado público.




martes, 29 de marzo de 2016

LOS CONCEJALES NO PUEDEN CONTRATAR CON NINGUNA ENTIDAD PÚBLICA – CONSEJO DE ESTADO

En Sentencia proferida el pasado mes de enero, el Consejo de Estado reiteró que los concejales municipales no pueden celebrar contratos con ninguna entidad pública, no solo de su propio municipio sino de cualquier otro nivel estatal, salvo las excepciones expresamente consagradas en la ley.

Así lo determinó al declarar la pérdida de investidura del concejal RICARDO LUÍS JASPE LENTINO por haber suscrito, en calidad de representante legal de la sociedad INVERSIONES BISVAR I.P.S. S.A.S., un contrato con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mientras ostentaba la condición de concejal del municipio de San Jacinto (Bolívar) para el período 2012-2015, esto es, de servidor público, por lo que incurrió en la incompatibilidad prevista en el artículo 127 de la Carta Política y, en consecuencia, en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por violación del régimen de incompatibilidades.

Es necesario resaltar que el objeto del contrato celebrado entre el concejal de San Jacinto como representante legal de una sociedad y el ICBF, tuvo como objeto “… suministrar medicamentos y complementos nutricionales y fórmulas médicas para el Centro Zonal Carmen de Bolívar...”; es decir, fue ejecutado en otro municipio distinto a aquel en que el contratista ejercía su cargo de concejal

A esta decisión llegó el máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo al considerar que “Existe, entonces, una relación armónica y complementaria entre el artículo 127 de la Carta Política y el artículo 45 de la Ley 136 de 1994, por lo que las disposiciones de la norma de carácter legal no pueden ser tenidas, de ninguna forma, como excepciones al artículo 127 de la Carta Política, tratándose, por ello, de una norma especial que no impide la aplicación, en sus demás ámbitos, de la disposición citada de la Carta Política.



Constitución Política de Colombia. Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.