Bienvenidos. Este sitio es una iniciativa privada dirigida a los alcaldes y funcionarios municipales, a los concejales, personeros y contralores y demás miembros de la comunidad necesitados e interesados en conocer las últimas leyes, decretos, normas, sentencias judiciales y proyectos normativos relacionados con la gestión territorial colombiana, entre otros temas de interés local.

Notas y noticias sobre la administración municipal en Colombia
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Constitución Política de Colombia. Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

POR FIN, PRIMA DE SERVICIOS PARA TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

Como nuestros lectores recordarán por la nota que publicamos en su momento, el pasado 4 de agosto de 2014 el Gobierno Nacional expidió los decretos 1467, 1468 y 1469, por medio de los cuales reguló la prima de servicios para los empleados públicos del Departamento de Santander, de la Gobernación de Nariño y del municipio de Medellín. (ver nuestra nota anterior)

Entonces criticamos que se hubiese reglamentado la prima de servicios únicamente para tres entidades territoriales en lugar de haber expedido una norma con carácter general para todo el país, creando dicha prima para todos los empleados públicos del orden territorial, fijando las condiciones para su reconocimiento y demás aspectos a cumplir por parte de los departamentos y municipios, garantizando así el principio de igualdad; toda vez que, a partir de los decretos reseñados, los funcionarios de estas tres entidades territoriales entraban a gozarán de un derecho que aún no le había sido reconocido a los demás, lo cual era, a todas luces, violatorio de la Constitución Política.

Pues tal desequilibrio ha sido corregido, por fin, por el Gobierno Nacional con la reciente expedición del Decreto 2351 del 20 de noviembre de 2014, “Por el cual se regula la prima de servicios para los empleados públicos del nivel territorial”, la cual se liquidará anualmente dentro de los primeros quince días del mes de julio de cada año y será equivalente a quince días de remuneración, según lo dispuesto por el Decreto Ley 1042 de 1978.

De conformidad con el artículo 2º del Decreto 2351 de 2014, los factores de salario sobre los cuales se liquidará la prima de servicios serán la asignación básica mensual y los auxilios de transporte y de alimentación, si se perciben.

Lógicamente, esta nueva norma deroga los decretos 1467, 1468 y 1469 de 2014, arriba citados.

En consecuencia, a partir de julio del próximo año, todos los empleados públicos de las entidades territoriales que se encuentren vinculados al nivel central y descentralizado de la rama ejecutiva, a las asambleas departamentales, a los concejos distritales y municipales, a las contralorías territoriales, a las personerías distritales y municipales, así como el personal administrativo del sector educación, tendrán derecho a percibir la nueva prima de servicios en los términos del Decreto Ley 1042 de 1978 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Consideramos, entonces, que como quiera que los dineros con los cuales se cancelará este pago afectarán los presupuestos que se encuentran en estudio por parte de los municipios en este momento, deberá ajustarse el proyecto de presupuesto a iniciativa de los alcaldes o adicionarse aquellos presupuestos para el 2015 que ya fueron aprobados.



EL DNP PUBLICÓ EL RANKING NACIONAL DE MUNICIPIOS MEJOR ADMINISTRADOS - 2013

Como es tradición por esta época del año, el Departamento Nacional de Planeación publicó en su página web el informe sobre los resultados de evaluación del desempeño integral de los municipios para la vigencia 2013, el cual da cuenta del cumplimiento de las Leyes 152 de 1994, 617 de 2000 y 715 de 2001.

Según explica el informe citado:

La evaluación del Desempeño Integral de los municipios se desarrolla con base en el Índice de Desempeño Municipal, el cual resume el desempeño de las administraciones municipales desde una perspectiva integral con base en los resultados obtenidos en los componentes de Eficacia, Eficiencia, Gestión y Cumplimiento de Requisitos Legales.

“Las calificaciones cercanas a 100 corresponden a los municipios de mejor desempeño, por ser los municipios que cumplen lo establecido en sus planes de desarrollo, consiguen la mayor cantidad de bienes y servicios en relación con los insumos que utilizan, cumplen a cabalidad lo estipulado en la Ley 715 de 2001 en cuanto a la ejecución de los recursos del SGP y tienen una alta capacidad de gestión administrativa y fiscal.”

“En general, la medición agrupa en el rango de calificación sobresaliente a un número mayor de municipios, encabezados en su orden por Medellín (Antioquia), Madrid (Cundinamarca), Palmira (Valle del Cauca), Facatativá (Cundinamarca), Pradera (Valle del Cauca), Chía (Cundinamarca), Bello (Antioquia), Zipaquirá y Sibaté (Cundinamarca), Aguazul (Casanare), Ocaña (Norte de Santander), Cachipay (Cundinamarca), Atlántico (Barranquilla), Fusagasugá y Sopó (Cundinamarca), Contratación (Santander) y La Calera, Chocontá, Zipacón y Tibirita (Cundinamarca). Para este grupo de entidades territoriales los componentes más destacados en la valoración fueron los de Gestión y Eficacia, lo cual evidencia señales positivas en los procesos administrativos liderados por las alcaldías y los avances en el Plan de Desarrollo.”

El informe completo puede consultarse en el siguiente enlace:


POR NO TENER CUERPO DE BOMBEROS, CONDENAN A UN MUNICIPIO A INDEMNIZAR A VÍCTIMAS DE UN INCENDIO

Según informa hoy el diario El Meridiano de Córdoba en su sitio e internet, el Juzgado Cuarto Administrativo de Montería condenó al municipio de Valencia, Córdoba, a indemnizar con casi ochocientos millones de pesos a los familiares de dos personas que perdieron la vida como consecuencia de un incendio que se presentó en agosto de 2009.

El Juzgado consideró que, si bien el municipio no provocó el incendio, es responsable administrativamente de indemnizar a las víctimas pues el hecho de no contar con cuerpo de bomberos ni de convenio con los bomberos de otro municipio, no permitió atender adecuadamente la emergencia ni evitar mayores daños y la pérdida de vidas humanas.

Este es un ejemplo más de los múltiples casos que a diario se presentan en Colombia, en donde han resultado y seguirán resultando condenados los municipios por no contar con un cuerpo oficial de bomberos o haber organizado un cuerpo de bomberos voluntarios o, por lo menos, haber suscrito un convenio con los bomberos de algún municipio vecino, en cumplimiento de la obligaciones que impone a los entes territoriales la Ley 1575 de 2012.



SE AGOTA EL PLAZO PARA QUE LOS MUNICIPIOS ACTUALICEN EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI

El pasado 21 de mayo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

La citada norma adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano (MECI), en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5o de la Ley 87 de 1993.

Dicho modelo se implementará a través del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno, el cual hace parte integral del citado decreto y es de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades del Estado.

La máxima autoridad de la entidad u organismo correspondiente y de los jefes de cada dependencia de las entidades y organismos, así como de los demás funcionarios de la respectiva entidad, serán responsables del establecimiento y desarrollo del sistema, correspondiéndole al DAFP poner a disposición los instrumentos necesarios para el cumplimento de esta obligación y a la ESAP, ofrecer programas o estrategias de capacitación, formación y desarrollo de competencias laborales para los jefes de control interno o quien haga sus veces y sus grupos de trabajo en las entidades del Estado, con el fin de fortalecer el ejercicio del Control Interno en el país.

Las entidades creadas dentro del año anterior a la publicación del decreto, deberán implementarlo en cuatro fases, las cuales deberán cumplirse en año y medio, a partir de la expedición del mismo.

Las entidades y organismos que ya cuentan con un modelo implementado, deberán realizar los ajustes necesarios para adaptar en su interior los cambios surtidos en la actualización del MECI, dentro de los siete meses siguientes a la publicación del presente decreto; esto es, a más tardar el 21 de diciembre de 2014.

Para el efecto deberán cumplir las siguientes fases de acuerdo con lo señalado en el Manual Técnico:

Fase 1. Conocimiento (1 mes).

Fase 2. Diagnóstico (1 mes).

Fase 3. Planeación de la actualización (1 mes).

Fase 4. Ejecución y Seguimiento (3 meses).

Fase 5. Cierre (1 mes).

En consecuencia, aquellos municipios que aún no han iniciado la actualización de MECI, deberán elaborar cuanto antes el plan de trabajo para ello, a fin de no incurrir en incumplimiento de esta obligación legal y en posibles faltas disciplinarias.



Constitución Política de Colombia. Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.