Bienvenidos. Este sitio es una iniciativa privada dirigida a los alcaldes y funcionarios municipales, a los concejales, personeros y contralores y demás miembros de la comunidad necesitados e interesados en conocer las últimas leyes, decretos, normas, sentencias judiciales y proyectos normativos relacionados con la gestión territorial colombiana, entre otros temas de interés local.

Notas y noticias sobre la administración municipal en Colombia
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Constitución Política de Colombia. Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

CONSTRUCCIÓN SIN LICENCIA – LOS MUNICIPIOS PODRÍAN SER CONDENADOS A INDEMNIZAR A LOS COMPRADORES DE EDIFICACIONES SIN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

En sentencia proferida el pasado 29 de enero por la Sección Tercera del Consejo de Estado, fue condenado el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla como responsable administrativamente de los perjuicios causados a la parte actora con ocasión de la falla en el servicio de inspección, vigilancia y control en la actividad constructora a nivel local.

Según los hechos de la demanda, la accionante celebró un contrato de promesa de compraventa en un proyecto de vivienda ampliamente publicitado en la ciudad por aquel tiempo, habiendo cancelado una parte y quedando pendiente un saldo a la entrega del inmueble, la cual no se materializó porque la empresa constructora desapareció incumpliendo el contrato.

Para la demandante, el municipio es responsable por no haber impedido la venta de los apartamentos al no contar con la licencia correspondiente, por lo cual demandó en acción de reparación directa.

El Consejo de Estado acogió las suplicas de la demanda al considerar que, “Para la Sala no queda duda en cuanto a  que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla incurrió en una omisión por no adoptar las medidas preventivas y sancionatorias que el marco legal en cita le imponía, toda vez que dentro del contenido obligacional que se denuncia como incumplido, aparecía contemplada una obligación de inspección oficiosa a los negocios de las entidades sometidas a su registro para cerciorarse de que estaban funcionando de conformidad con las disposiciones legales vigentes, el cual, además estaba obligado en el caso de que estas se contravinieran, a ejercer su facultad sancionadora.”

Por lo que concluyó: “… como está demostrada la existencia de unas obligaciones concretas a cargo del Estado que, de haberse cumplido, hubieran evitado el daño patrimonial que sufrió la parte demandante, hay lugar a declarar patrimonialmente responsable a la entidad demandada por falla en el servicio por omisión, pues resulta claro, que de tomarse los correctivos legales para imposibilitar la oferta y la enajenación de los inmuebles prometidos en venta por una sociedad que no estaba autorizada para ello, la demandante no hubiese celebrado con el urbanizador el referido acto jurídico de venta y, menos entregado suma de dinero alguna.  Por todo lo anterior, la Sala revocará la providencia recurrida, para, en su lugar, decretar la indemnización de perjuicios a que haya lugar de conformidad con el petitum de la demanda.”

A la anterior situación podrían verse avocados todos los demás municipios del país si no se incrementan las acciones para hacer efectivo el control sobre las construcciones sin licencia o que no se ajusten a ella, consagradas en las leyes que reglamentan el régimen urbanístico en Colombia.


LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NO PUEDE EJERCER CONTROL FISCAL PERMANENTE SOBRE LOS MUNICIPIOS – CONSEJO DE ESTADO

Mediante sentencia proferida el pasado 23 de enero de 2014, la Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Marco Antonio Velilla Moreno, reiteró que la Contraloría General de la República no puede ejercer control fiscal permanente sobre las entidades territoriales

El anterior pronunciamiento fue dado con ocasión de la sentencia que declaró la nulidad del numeral 1º del artículo 12 del Decreto 2424 de 2006, expedido por el Ministerio de Minas y Energía, por el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público, cuyo texto rezaba: “Control Fiscal. La Contraloría General de la República, de conformidad con la normatividad constitucional y legal vigente, ejercerá control fiscal permanente sobre los municipios o distritos, en cuanto a la relación contractual con los prestadores del servicio y con los interventores.” 

Para el Consejo de Estado, “… es claro que al prever la norma acusada un control fiscal permanente por parte de la Contraloría General de la República sobre los municipios o distritos, en lo que respecta a la relación contractual de estos con los prestadores del servicio de alumbrado público y sus interventorías, le está endilgando a dicha Entidad una función que, en estricto sentido, no responde a su ámbito de competencia. En efecto, tal como advierte el actor, la Contraloría General ha de ejercer un control fiscal excepcional única y exclusivamente en los eventos previstos por el artículo 26 de la Ley 42 de 1993, sobre las entidades territoriales.” 

En consecuencia, y de conformidad con el artículo 26 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de la República sólo podrá ejercer control posterior, en forma excepcional, sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, sin perjuicio del control que les corresponde a las contralorías departamentales y municipales, en los siguientes casos: a) a solicitud del gobierno departamental, distrital o municipal, de cualquier comisión permanente del Congreso de la República o de la mitad más uno de los miembros de las corporaciones públicas territoriales; y b) a solicitud de la ciudadanía a través de los mecanismos de participación que establece la ley. 

La anterior determinación reitera el criterio expuesto por el Consejo de Estado en anteriores oportunidades, entre ellas, la sentencia de 6 de agosto de 1993, Exp. No. 2551, M.P. Dr. Ernesto Rafael Ariza y la sentencia del de 27 de mayo de 2010, Exp. No. 2003-00053-01, M.P. Dra. Maria Claudia Rojas Lasso.



LA CONTRALORÍA PUBLICÓ LAS CERTIFICACIONES DE LA LEY 617, VIGENCIA 2013, PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES

Por medio de la Circular No. 81110, publicada en día de hoy, la Contraloría General de la República informa a todas las entidades territoriales, departamentos y municipios, que se encuentran publicadas en la página web de este organismo de control las certificaciones de ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia 2013, así como la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación, tanto para el nivel departamental, distrital y municipal.

Igualmente, se encuentra publicada la certificación de los indicadores de límite del gasto correspondiente a las asambleas, concejos, contralorías territoriales y personerías.

Por otra parte, la Contraloría informará por medio físico y/o electrónico a los entes territoriales que no se certifican por no rendir la información de la vigencia 2013.

Las anteriores certificaciones, en el caso de los municipios, serán insumo para el cumplimiento de dispuesto en el parágrafo  5º del artículo 2º de la Ley 617 de 2000, según el cual, los alcaldes determinarán anualmente, mediante decreto expedido antes del treinta y uno (31) de octubre, la categoría en la que se encuentra clasificado para el año siguiente, el respectivo distrito o municipio.


Para descargar las certificaciones de su entidad territorial, visite: www.contraloriagen.gov.co

CONOZCA CUÁLES SON LOS TRÁMITES QUE SE ADELANTAN EN CADA MUNICIPIO SEGÚN SU CATEGORÍA

El Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, en su calidad administrador del Sistema Único de Información de Trámites, SUIT, como parte del proceso de implementación de la Política de Racionalización de Trámites que reglamentan la Ley 962 de 2005 y el Decreto 019 de 2012, ha identificado los trámites más frecuentes que se adelantan ante las diferentes entidades del Estado.

En esa tarea, se han definido para los 7 municipios de categoría especial y los 15 de categoría primera, 131 trámites; para los 16 de categoría segunda, 90 trámites; para los 20 municipios de categoría tercera, 90 trámites; para los 24 de categoría cuarta y los 24 de categoría quinta, 90 trámites; y, para los 996 municipios de categoría sexta, 88 trámites.

Estos trámites se van desde las encuestas del SISBEN, pasando por el registro de organizaciones comunales, el pago de impuestos, la matrícula de arrendadores, la apertura de centros de estética, las licencias urbanísticas, la inhumación de cadáveres, el reconocimiento de clubes deportivos, la inscripción de propiedad horizontal, el registro de publicidad exterior visual, el permiso para espectáculos públicos, los auxilios para gastos de sepelio de pobres, los certificados de uso del suelo, las licencia de establecimientos educativos privados, el cambio de propietario de un inmueble, el avaluó catastral de un predio, la vacunación antirrábica, la asistencia rural, entre muchos otros trámites que deben adelantar los ciudadanos ante los diferentes municipios.

El proceso de identificación y carga de dichos trámites al SUIT está a cargo de cada municipio, especialmente a través de las secretarías de planeación como administradoras del mismo, con el apoyo de los administradores de trámites que designe cada entidad territorial, quienes deben ingresar al aplicativo dispuesto para ello en la página web del SUIT y diligenciar los datos correspondientes a cada trámite, cargar las normas locales que sean aplicables a cada caso y los formularios correspondientes, los cuales serán de simple información, de descargue para su diligenciamiento de manera presencial por el ciudadano o de envío en línea.

A pesar de que el proceso empezó desde el año 2005 con el SUIT 1.0, cambió en el 2010 al SUIT 2.0, y desde el 2013 se usa el SUIT 3.0, el cual es una versión más fácil y ágil, pensada para los ciudadanos y los servidores públicos, ha sido muy lento el avance, especialmente en los municipios de sexta categoría, quedando pendiente una ardua pero importante tarea por cumplir con miras a racionalizar los trámites ante la administración pública, su estandarización y su diligenciamiento en línea; con lo cual se cumplen, de paso, las metas de la Política de Gobierno en Línea, fortaleciendo la democracia y ampliando la participación ciudadana.

Para mayores informes visite www.suit.gov.co, y para conocer el listado de los trámites y modelos, Inventario de modelos (Trámites y OPAS) / Abril 2014.

Constitución Política de Colombia. Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.