Bienvenidos. Este sitio es una iniciativa privada dirigida a los alcaldes y funcionarios municipales, a los concejales, personeros y contralores y demás miembros de la comunidad necesitados e interesados en conocer las últimas leyes, decretos, normas, sentencias judiciales y proyectos normativos relacionados con la gestión territorial colombiana, entre otros temas de interés local.

Notas y noticias sobre la administración municipal en Colombia
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Constitución Política de Colombia. Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

CONCEJOS SÍ PUEDEN CITAR A LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS PERO LOS ALCALDES NO PUEDEN MULTAR A QUIENES LES DESOBEDEZCAN – LEY 1551 DE 2012

Como consecuencia de las varias demandas que se han interpuesto contra algunos de los artículos de la Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y funcionamiento de los municipios, la Corte Constitucional ha proferido la sentencia C-107 de 2013, por medio de la cual tomó las siguientes determinaciones:

Declararó EXEQUIBLE, es decir, ajustado a la Constitución, el numeral 12 del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el cual establece como atribución de los concejos municipales:

“Citar a control especial a los Representantes Legales de las empresas de servicios públicos domiciliarios, sean públicas o privadas, para que absuelvan inquietudes sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios en el respectivo Municipio o Distrito.”

“La empresa de servicios públicos domiciliarios cuyo representante legal no atienda las solicitudes o citaciones del control especial emanadas de los Concejos Municipales o Distritales, será sujeto de investigación por parte de la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios. Esta adelantará de oficio o por petición de la corporación respectiva, una investigación administrativa e impondrá las sanciones procedentes establecidas por la ley. Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones legales o Constitucionales procedentes.”

Por tanto, los concejos municipales poden seguir haciendo uso de esta facultad.

Por otra parte, en la misma sentencia la Corte Constitucional declaró INEXEQUIBLE, es decir, contrario a la Constitución, por violar el principio de estricta legalidad en materia de sanciones, el numeral 9 del literal d) del artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 el cual establecía como función de los alcaldes municipales en relación con la Administración Municipal:

“Imponer multas hasta por diez (10) salarios mínimos diarios, según la gravedad, a quienes le desobedezcan, o le falten al respeto, previo procedimiento sumario administrativo donde se observe el debido proceso y el derecho de defensa, de conformidad con los acuerdos correspondientes.”

“La oportunidad para el pago y la conversión de las sumas en arresto se gobiernan por lo prescrito en la ley.”

La Corte Constitucional “… al analizar el texto del artículo demandado, advirtió que no establecía si era necesaria la intermediación de juez para convertir la sanción de multa en arresto. Constató que la norma cuestionada no define inequívocamente quiénes son los sujetos sancionables. El enunciado bajo control no resultaba tampoco inequívoco al señalar qué tipo de órdenes eran aquellas cuya desobediencia desencadenaba la imposición de las sanciones. El precepto no estatuía con precisión cuáles eran las conductas susceptibles de encuadrarse como faltas de respeto al alcalde. No definía en qué consistía el procedimiento sumario administrativo. Tampoco predeterminaba los criterios para graduar la sanción imponible. Y todos estos defectos, salvo el primero, los juzgó insuperables con arreglo a métodos de interpretación jurídica.

“Esta indeterminación normativa, en criterio de la Corte, conducía a limitar injustificadamente no sólo la seguridad jurídica, sino también a disminuir la libertad de los potenciales destinatarios (CP arts. 16 y 28), a afectar la separación de funciones (CP art. 113), a no asegurar de manera aceptable el funcionamiento adecuado de la democracia constitucional y a poner en riesgo la imparcialidad administrativa (CP art. 209). Por lo mismo, la Corte declaró inexequible la norma, por violar el principio de estricta legalidad (CP art. 29).”

En consecuencia, en adelante los alcaldes no podrán imponer multas a quienes les desobedezcan o les falten al respeto.

Comunicado de la Corte Constitucional, en el cual también se resume la sentencia relacionada con la elección de los personeros que comentamos en nuestra nota www.podermunicipal.com.co/2013/03/la-procuraduria-ya-no-podra-realizar-el.html

Constitución Política de Colombia. Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.