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En estos días hemos sostenido conversaciones con algunos secretarios de gobierno e inspectores de policía en relación con las novedades del Código Nacional de Policía y Convivencia, especialmente, del procedimiento único de policía que establece la Ley 1801 de 2016, encontrando que no hay claridad ni unidad de criterio en estos funcionarios sobre dichos temas, lo cual es grave toda vez que desde el pasado 30 de enero estos servidores públicos, especialmente los inspectores, empezaron a aplicar el nuevo Código.

Recordemos que el artículo 206 del nuevo Código les atribuye a los inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores la aplicación de las siguientes:

Competencias de los inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores:

1. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente.

2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación.

3. Ejecutar la orden de restitución, en casos de tierras comunales.

4. Las demás que le señalen la Constitución, la ley, las ordenanzas y los acuerdos.

5. Conocer, en única instancia, de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:

a) Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles;
b) Expulsión de domicilio;
c) Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas;
d) Decomiso.
e) Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:
a) Suspensión de construcción o demolición;
b) Demolición de obra;
c) Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble;
d) Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles;
e) Restitución y protección de bienes inmuebles, diferentes a los descritos en el numeral 17 del artículo 205;
f) Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales;
g) Remoción de bienes, en las infracciones urbanísticas;
h) Multas;
i) Suspensión definitiva de actividad.

Cuál procedimiento aplicar.

Como vemos, la gran mayoría de estas competencias son nuevas para los inspectores de policía y corregidores, pues las mismas estaban establecidas por diferentes leyes en cabeza directa de los alcaldes municipales, sin que pudieran, incluso, delegarlas en los inspectores por las limitaciones a la figura de la delegación que imponen los artículos 9 de la Ley 489 de 1998 y 92 de la Ley 1551 de 2012, para los cuales las delegaciones solo pueden recaer en funcionarios del nivel directivo o asesor, según el primero, o en los secretarios de despacho y en los jefes de los departamentos administrativos, según el segundo; y, como sabemos, los inspectores de policía pertenecen, al nivel profesional los de categoría especial, 1ª y 2ª y, al nivel técnico, los de categoría 3ª a 6ª y los inspectores de policía rural, según lo dispone el Decreto 785 de 2005.

El asunto se complica aún más si tenemos en cuenta que los alcaldes a la hora de aplicar las sanciones urbanísticas o la restitución del espacio público (artículo 108 de la Ley 388 de 1997 y los artículos 1° y 2° de la Ley 810 de 2003) o de ejercer el control a los establecimientos de comercio (Ley 232 de 1995) debían hacerlo mediante el procedimiento señalado en el libro primero del Código Contencioso Administrativo.

Se complica más, cuando la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), derogando el Código Contencioso Administrativo, creo para estos casos el nuevo Procedimiento Administrativo Sancionatorio.

Y, para acabar de complicar las cosas (o tal vez no) la nueva Ley 1801 de 2016 dispuso que los inspectores de policía que, como vimos, ahora conocerán de estos comportamientos, sólo podrán aplicar el nuevo Proceso Único de Policía.

Y es ahí donde alcaldes, secretarios de gobierno e inspectores de policía no han podido ponerse de acuerdo sobre cuál de los dos es el procedimiento que hoy debe aplicarse a este tipo de comportamientos e, incluso, quién debe asumir la competencia de los mismos.

(Lea también: Los inspectores de policía conocerán del control a establecimientos de comercio y al régimen urbanístico. -Ley 1801 de 2016-)

Sin embargo, para nosotros, la cosa está muy clara:

El artículo 242 del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia derogó, no solo el antiguo Decreto-ley 1355 de 1970 (anterior código de policía), sino también, entre otras, la Ley 232 de 1995 en su totalidad, así como el artículo 108 de la Ley 388 de 1997 y los artículos 1° y 2° de la Ley 810 de 2003.

Por lo que, a partir del 30 de enero de 2017, todos los comportamientos contrarios a la convivencia que sean de conocimiento en única o primera instancia de los inspectores de policía o corregidores se tramitarán por el nuevo Procedimiento Único de Policía y ya no por el Procedimiento Administrativo Sancionatorio.

Ello, entre otras cosas, porque así lo consagra claramente el artículo 4º de la Ley 1801 de 2016 cuando dispone:

“Artículo 4°. Autonomía del acto y del procedimiento de Policía. Las disposiciones de la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no se aplicarán al acto de Policía ni a los procedimientos de Policía, que por su misma naturaleza preventiva requieren decisiones de aplicación inmediata, eficaz, oportuna y diligente, para conservar el fin superior de la convivencia, de conformidad con las normas vigentes y el artículo 2° de la Ley 1437 de 2011. Por su parte las disposiciones de la parte segunda de la Ley 1437 de 2011 se aplicarán a la decisión final de las autoridades de Policía en el proceso único de Policía, con excepción de aquellas de que trata el numeral 3 del artículo 105 de la ley en mención.” (s.f.d.t.)

Lo anterior es concordante con el citado artículo 2° de la Ley 1437 de 2011, según el cual:

“Artículo 2°. Ámbito de aplicación.  Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades.

Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y cosas. Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción.

Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código.” (s.f.d.t.)

¿Procedimiento Administrativo Sancionatorio o Procedimiento Único de Policía?

En consecuencia, frente a todos los comportamientos contrarios a la convivencia de que habla el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia se aplicará el Procedimiento Único de Policía, mas no la Parte Primera del C.P.A.C.A., incluido el Procedimiento Administrativo Sancionatorio.

La anterior interpretación se corrobora con lo expuesto en el informe de ponencia para segundo debate al proyecto de ley 256 de 2016 cámara, 99 de 2014 senado, presentado ante la Cámara de Representantes, y que terminó siendo la Ley 1801 de 2016, cuando se afirma:

“En cuanto a las competencias de las autoridades de Policía, se establecen claramente y se desarrolla un procedimiento único de Policía expedito, autónomo y que rige de manera exclusiva para las actuaciones adelantadas por las autoridades de Policía en ejercicio de su función y actividad. Esto significa un avance de gran importancia respecto a la legislación vigente en materia de derecho de Policía, ya que se sustraen del procedimiento de lo contencioso administrativo las decisiones en materia de Policía, sin perjuicio de que se mantenga el control jurisdiccional sobre las mismas, de conformidad con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 1437 de 2011.”

 (…)

 “El establecimiento de un procedimiento que atienda la naturaleza de la actuación policiva para garantizar la convivencia resulta ser un instrumento necesario para poder garantizar la efectividad del derecho de Policía. En la actualidad, los procedimientos de Policía están supeditados a la aplicación del procedimiento civil o de lo contencioso administrativo, lo que hace que las decisiones se apliquen cuando ha trascurrido mucho tiempo después de que se presenta el comportamiento contrario a la convivencia siendo en muchos casos la medida correctiva inocua. Con esta iniciativa se sustrae para efectos de procedimiento, del procedimiento contencioso administrativo la aplicación de las normas contenidas en el Código de Policía. Lo anterior, sin perjuicio de que se mantiene el control jurisdiccional correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 1437 de 2011.” (n.f.d.t.)

Veamos, entonces, teniendo en cuenta las normas derogadas por el artículo 242 del nuevo Código, algunos de los asuntos en los que ahora se aplicará el Procedimiento Único de Policía por parte de los inspectores de policía y corregidores, así como por las demás autoridades de policía.

Normas derogadas por la Ley 1801 de 2016:

NORMA DEROGADA

OBJETO

COMENTARIO

Decreto-ley 1355 de 1970 Por el cual se dictan normas sobre Policía. Fue derogado en su totalidad.
Decreto 522 de 1971 Sobre contravenciones especiales, competencia y procedimiento Fue derogado en su totalidad, si bien buena parte del mismo ya había sido derogado por otras leyes.
Ley 232 de 1995 Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales Fue derogada en su totalidad.
Ley 388 de 1997 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. Fue derogado el artículo 108 (Procedimiento de imposición de sanciones). Confirmando la tesis expuesta en esta nota.
Ley 810 de 2003 Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones. Fueron derogados los artículos 1° (Infracciones urbanísticas) y 2° (Sanciones urbanísticas).
Ley 1356 de 2009 Por medio de la cual se expide la Ley de Seguridad en Eventos Deportivos Continúan vigentes los artículos 4° y del 218A al 218L (De las contravenciones especiales que afectan la tranquilidad pública y la seguridad con ocasión de los eventos deportivos)
DECRETO 2876 DE 1984 Sobre control de precios Fueron derogados el artículo 12 numeral 2, artículo 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35 y 36. Confirmando la tesis expuesta en esta nota.
Ley 679 de 2001 Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución. Fueron derogados el artículo 26 y el último inciso o párrafo del artículo 10 de la Ley 679 de 2001, en razón a que se aplicará el proceso verbal abreviado establecido en el presente Código. Confirmando la tesis expuesta en esta nota.
Ley 1259 de 2008 Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones. Derogados los artículos 5°, 6°, 7° (De las infracciones objeto de Comparendo Ambiental) y 12 (Destinación de los recursos provenientes del comparendo ambiental).
Ley 746 de 2002 Por la cual se regula la tenencia y registro de perros potencialmente peligrosos. Derogada en su totalidad.
Ley 1335 de 2009 Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana Derogados el artículo 24 (Sanciones por fumar en sitios o lugares prohibidos), el 29 (Sanciones por la venta de productos de tabaco a menores de edad) e inciso final del artículo 31 (Para la aplicación de estas sanciones se seguirá el procedimiento previsto en el Código Contencioso Administrativo). Confirmando la tesis expuesta en esta nota.
Ley 140 de 1994 Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional Fueron derogados los artículos 12 (Remoción o modificación de la Publicidad Exterior Visual) y 13 (Sanciones). Confirmando la tesis expuesta en esta nota.

Otro debate:

Teniendo claro el anterior asunto, vale la pena señalar que de algunos aspectos de las normas anteriormente citadas surge otro debate:

La parte final del artículo 4º de la Ley 1801 de 2016 dispone que:

“Por su parte las disposiciones de la parte segunda de la Ley 1437 de 2011 se aplicarán a la decisión final de las autoridades de Policía en el proceso único de Policía, con excepción de aquellas de que trata el numeral 3 del artículo 105 de la ley en mención.”

El problema es que según el numeral 3 del artículo 105 de la Ley 1437,

“La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos:

(…)

  1. Las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley.”

La pregunta que surge es ¿con la expedición del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia y su Procedimiento Único de Policía, sigue vigente la separación entre actuaciones policivas de carácter administrativo, susceptibles de ser controvertidas ante la jurisdicción contencioso administrativa, y los llamados juicios civiles de policía los cuales habían estado siempre ajenos a dicho control? Ello, porque las actuaciones policivas administrativas, como la mayoría de las incluidas en el cuadro de arriba, venían siendo tramitadas por el procedimiento establecido en la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, de ahora en adelante se tramitarán, obligatoriamente, por el Procedimiento Único de Policía.

Pero de este debate nos ocuparemos en una próxima publicación en este sitio web.

¿Está usted de acuerdo con nuestra interpretación expuesta en la presente nota sobre el Procedimiento Único de Policía? Déjenos su comentario abajo.

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