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El pasado día 15 de enero fue sancionada la Ley 1882 de 2018, “POR LA CUAL SE ADICIONAN, MODIFICAN Y DICTAN DISPOSICIONES ORIENTADAS A FORTALECER LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA, LA LEY DE INFRAESTRUCTURA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

Entre las modificaciones más significativas reseñamos las siguientes:

– Obligación de incluir dos sobres en los procesos de selección de contratistas de obra: uno con los requisitos habilitantes y otro con la oferta económica.

– Se deberá publicar el informe de evaluación de los requisitos habilitantes por cinco días, tiempo durante el cual los proponentes podrán presentar observaciones y al termino del cual la entidad se pronunciará sobre las mismas. El segundo sobre -oferta económica- solo se abrirá en la audiencia de adjudicación.

– Se establecen responsabilidades civiles, fiscales, penales y disciplinarias para consultores, asesores e interventores.

– En tratándose de proyectos de infraestructura que afecte bienes de interés cultural, la intervención deberá ser asumida directamente por el concesionario o contratista quien será el titular del permiso de intervención pero deberá contar con un profesional idóneo que le haga acompañamiento al Plan de Manejo Arqueológico. Esta es una modificación importante porque hasta ahora el titular y responsable del permiso era el arqueólogo y no el contratista.

– Se establece por ley la obligación para todas las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública de utilizar obligatoriamente los documentos tipo para pliegos de condiciones en procesos de selección de obras públicas, interventorías y consultoría de las mismas. Igualmente, se faculta al Gobierno para expedir documentos tipo para otros procesos de selección.

– La ausencia de requisitos o falta de documentos no necesarios para la comparación de las propuestas podrán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación, so pena de rechazo de la oferta. Así mismo, la no entrega de la garantía de seriedad de la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo. En los procesos de subasta, los documentos referentes a la futura contratación deberán ser solicitados hasta el momento previo a la realización de la subasta.

– Las entidades deberán aceptar la experiencia adquirida en la ejecución de contratos con particulares.

– No será obligatorio contar con la disponibilidad presupuestal para la publicación del proyecto de pliego de condiciones.

– En la adquisición de predios para proyectos de infraestructura de transporte (no entendemos por qué para los otros proyectos no) se podrá descontar del valor la suma total que por concepto de impuestos, servicios públicos y otros conceptos deba el vendedor, y pagar directamente por la entidad adquiriente estos conceptos a los acreedores.

– Así mismo, se establecen varias modificaciones a los procesos de adquisición de predios, avalúos y expropiación de los mismos.

– Finalmente, se incluyen varios cambios en relación con los procesos de Asociación Público Privadas que por sus especificidades no incluimos en este resumen.

Lea el texto original de la Ley 1882 de 2018.

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